
- La preferencia por los varones ha causado este silencioso genocidio.
- Los exámenes para saber el sexo del feto son ilegales en ese país, pero la ley se viola y se asesinan los fetos femeninos.
El uso extendido de pruebas ilegales que determinan el sexo de un nonato
está disparando los casos de aborto en India, según informaron el martes activistas sociales y miembros de la Administración.
Las pruebas para determinar el sexo por medio de métodos como las ecografías o la amniocentesis
están prohibidas en India, pero aún así no es extraño que en algunas regiones donde existe una profunda predilección por los varones
se asesine a los fetos femeninos.
A consecuencia de esto, el gobierno ha informado de que
cerca de 10 millones de niñas han sido asesinadas por sus padres -ya sea antes o inmediatamente después de nacer- en los últimos 20 años.
"La selección del sexo ha sido el principal culpable de que descienda el ratio de natalidad femenina en el país", manifestó Pravir Krishna, un portavoz del ministerio de sanidad en un encuentro sobre el papel de las pruebas de selección de sexos
en la muerte de los fetos femeninos.
La tecnología nos ha dado muchos beneficios, pero este es un aspecto de la tecnología que nos ha dado un serio problema"
El mes pasado, la policía descubrió
30 bolsas con polietileno que contenían partes del cuerpo de fetos femeninos y niños recién nacidos en un pozo abandonado cercano de una clínica en el este de India, haciendo saltar la chispa de la polémica. En la mayor parte del país, mucha gente considera que los chicos traen un pan bajo el brazo y que cuidarán de sus padres al crecer, pero
ven a las hijas como una carga por la que tendrán que pagar costosas dotes para casarlas.
Desde que la tecnología para monitorizar la salud de un feto llegó a India en los años ochenta,
muchas clínicas y hospitales la han empleado de forma indebida para determinar el sexo del nonato, a petición de las parejas.
Si el feto resulta ser niña, se suele abortar. Un censo realizado en 2001 halló que
había 927 niñas por cada 1.000 niños en el grupo de edad de menores de seis años, frente a las 945 de 1991. Los activistas sociales consideran que las autoridades han sido lentas en implementar una legislación que entró en vigor en 1996.